El 10 de octubre se cumplieron dos años de la promulgación de la nueva ley de Comunicación Audiovisual por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la cual reemplazó a la ley de Radiodifusión N°22.285, sancionada durante la última dictadura militar, y que favorecía el control monopólico de la información.
Dos de los ítems que marca esta nueva ley hablan de la participación de las cooperativas y de la publicidad en los medios de comunicación audiovisuales. La sanción les permitió ser parte de los medios, siempre y cuando se garantice una porción del mercado a un competidor; y se comenzó a regular el tiempo de emisión de avisos comerciales para evitar el exceso de interrupciones en la programación.
FM Pocahullo es una radio comunitaria que se encuentra hace más de veinte años en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Ancestralmente ese territorio pertenecía al pueblo mapuche y, aún en la actualidad, la radio está rodeada de personas de esa etnia. En 2004 los integrantes de la emisora fueron quienes capacitaron a los pobladores de la comunidad mapuche Linares para que en 2005 se inaugurara la radio comunitaria Nehuen Hueche, la primera radiodifusora indígena de la Argentina con licencia oficial.
Lautaro Capece trabaja en esta radio en el Departamento de Noticias, tanto al aire, en programas informativos y periodísticos, como en la operación en cabina. Además, forma parte de la Mesa Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y trata de mantener a todos los equipos en funcionamiento técnico.
Antes de la sanción de la nueva ley, las publicidades se pagaban y a cada partido político se le cobraba por la salida de los spots, aunque algunas radios comunitarias como Aletwy Weñelfe, también de Neuquén, preferían no aceptar publicidades de ningún partido político.
Según Capece, luego de la promulgación, “la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFCA) decidió en qué medios poner o no dichas propagandas”, y aseguró que las ponen en donde hay más población, de modo que las radios alejadas de las grandes ciudades y cercanas a las comunidades de pueblos aborígenes no pueden competir, ya que la cantidad de las personas siempre es menor.
Con relación a la nueva reforma electoral, Capece afirmó: “Por un lado recorta los ingresos publicitarios a aquellos que lo aceptaban, y por otro evita el voto justificado por las promesas a alguien que nunca las cumplirá. Es bueno que exista una distribución pareja de la publicidad, pero mientras las inscripciones para recibirlas sean por vías digitales nunca llegará a las comunidades indígenas, ya que no tienen Internet”.
A pesar de todos los beneficios que pueden otorgar las nuevas reglas del juego en los medios, la información que necesitan los pueblos originarios para votar sigue siendo un problema, ya sea por las diferencias de lenguaje o por la lejanía de las ciudades más importantes, y como dijo Capece, por “la peligrosidad del asistencialismo de los cotillones electorales”.
viernes, 21 de octubre de 2011
Democracia originaria
Por Mariana Rambaldi
Más de 28 millones de personas están habilitadas en los padrones para votar en las elecciones presidenciales argentinas del próximo domingo en las que también se elegirán gobernadores, senadores y diputados nacionales, concejales e intendentes en varias provincias. Dentro del vasto electorado, se hallan los votantes de los pueblos originarios, uno de los sectores sociales más sensibles que, además, posee características singulares y propias.
Argentina es un país con sangre italiana y española. También coexisten inmigrantes de países vecinos y numerosas comunidades provenientes de todo el mundo. Pero antes de la llegada de cualquiera de estas colectividades, esta porción de territorio tenía habitantes originarios. Argentina es, en su vastedad, mestiza.
Según el último censo, llevado a cabo el año pasado, en la Argentina viven algo más de 40 millones de personas y, de acuerdo con la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas realizada entre 2004 y 2005, más de 600 mil se reconocen o son fehacientemente descendientes en primera generación de pueblos originarios, aunque desde las organizaciones indígenas estiman que la población real se halla entre uno y tres millones. Conforme los datos del Indec, existen 30 etnias en la Argentina. Los Mapuches de la Patagonia, los Kollas del Noroeste y los Tobas y Wichís de Chaco y Formosa encarnan más del 50 por ciento del total de personas. Se calcula, sobre datos oficiales, que cerca de 400 mil indígenas se encuentran en edad para votar en el próximo domingo.
Pero para estas poblaciones, el hecho de concurrir a una elección en ocasiones no resulta sencillo. Por ejemplo, en las comunidades más apartadas muchos aborígenes no disponen del documento nacional de identidad. El ministro del interior, Florencio Randazzo, es quien lleva adelante los programas del nuevo DNI y pasaporte y, desde la cartera que maneja, asegura que “se incorporará a todos los miembros de pueblos originarios, sin límites de edad, para que accedan al nuevo DNI, que consta de una cédula y libreta para votar”.
Daniel Fernández, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dice que “se está trabajando arduamente sobre la documentación y prueba de ello es que este año se agregó el decreto 278 que establece un trámite especial y gratuito. El INAI es autoridad de aplicación en este campo en conjunto con el Ministerio del Interior.” Dicho decreto contempla, además, la situación peculiar de los pueblos originarios, ya que en muchos casos las personas no pueden acreditar su identidad porque carecen de certificados de nacimiento. Busca garantizar el derecho fundamental a la identidad e identificación de las personas.
Fernández explica que el INAI “es un organismo estatal con sus raíces en la década del 80 dedicado a la atención de la problemática indígena, que tiene como uno de sus temas centrales, la cuestión de las tierras”. Agrega que se encargan de registrar e inscribir a las poblaciones de áreas rurales y que en la actualidad existen más de 1100 comunidades.
Referente a la documentación, existen turbios antecedentes: en junio de 2009 varias comunidades Wichí de Formosa denunciaron que el intendente Cristino Vidal Mendoza, quien respondía al actual gobernador que buscará su cuarto mandato consecutivo el domingo, Gildo Insfrán, los encerraban, les quitaban el documento y luego se los devolvían con el sello del voto emitido.
No solo el DNI resulta ser una dificultad. Existen también barreras idiomáticas en ciertos núcleos de habitantes nativos. Según investigaciones del Conicet, en lo que hoy es Argentina, antes de la llegada de los conquistadores se hablaban unas 35 lenguas, de las que quedaron solo 13. “En general la población originaria habla dos lenguas: la suya y el castellano. Hay grupos en el Chaco Salteño y en el Impenetrable donde hay una conservación del idioma original muy fuerte y dificultades para relacionarse a través del español”, expresa Fernández. Los núcleos más duros y con mayores barreras de lenguaje, dice, se encuentran especialmente entre las comunidades Wichí, resultando casi imposible la llegada de información.
Fernández destaca el rol de importancia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las tareas de la Comisión Nacional de Comunicaciones: “se está trabajando en la llegada de la televisión a lugares muy alejados. Inclusive, en una labor conjunta con la Comisión se proveen equipos de onda corta y de televisión satelital”.
El decreto 445/2011, anunciado en boletín oficial en abril de este año, establece que los medios audiovisuales deben ceder el 10 por ciento de 12 horas de programación para la divulgación de anuncios electorales en períodos de campaña. Ese tiempo no se considera como publicidad y debe ser distribuido, entre todas las fuerzas políticas que participen en la elección. “Esta ley es importantísima para la difusión de los candidatos en las comunidades. Incrementó el nivel de conocimiento y de información dentro de los pueblos”, dice Fernández.
Lo cierto es que, la situación de los habitantes autóctonos requiere de campañas políticas específicas porque su entorno es singular. Un ejemplo fue la difusión en los medios de las provincias donde moran comunidades indígenas que tuvo el Censo Nacional llevado acabo en 2010, cuando se realizaron anuncios bilingües en quechua, huarpe y castellano. “En general, las campañas son las mismas aunque, en algunos casos, se adecuan y se utilizan mensajes escritos en la lengua correspondiente a las diversas etnias. Otra modalidad común son los afiches y volantes en su idioma y la propaganda en los caminos rurales y radios comunitarias”, añade el presidente del INAI.
Otro escollo que enfrentan es la geografía, ya que muchos poblados se hallan en zonas inaccesibles y faltos de movilidad. “El mayor obstáculo era el transporte. Tenían dificultad con los caminos de acceso y no podían llegar a votar. Usaban y usan tracción a sangre aunque, cada vez más, utilizan motos. Estamos trabajando para ganar en comunicación terrestre”, explica el mandatario del INAI.
Por otra parte, dentro de los pueblos se vienen desarrollando también procesos democráticos. El caso más representativo es el de los Qom de Formosa, conocidos por sus acampes en la avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de la devolución de tierras que les pertenecían. “En la comunidad Qom La Primavera existía un problema de representación y hubo que dirimir entre dos candidatos. Ellos se organizaron, erigieron un padrón, imprimieron boletas y votaron, dando por ganador a Félix Díaz, mientras que el Estado brindó garantías y les reconoció la personería jurídica. Pero no hay que confundir: ellos eligen a sus jefes pero luego votan en las elecciones generales como cualquier argentino”, relata Fernández.
Asimismo, el presidente del INAI asegura que la participación en las urnas ha aumentado considerablemente, hecho de suma importancia puesto que se trata de “la restitución de derechos a los excluidos Pueblos Originarios”.
Tras siglos de desidia, de marginación y de ensañamiento indolente con quienes habitaban estas tierras, poco a poco emerge la visibilización de aquellos que estuvieron al borde del total exterminio. La constitución del 94 los reconoció por primera vez como población preexistente a la llegada de los conquistadores y los pueblos originarios, tenaces, demuestran su voluntad de participación en los comicios nacionales y en ser partes constituyentes de la democracia y de la identidad plural, mestiza y nacional Argentina.
Desde la radiofonía comunitaria
Más de 28 millones de personas están habilitadas en los padrones para votar en las elecciones presidenciales argentinas del próximo domingo en las que también se elegirán gobernadores, senadores y diputados nacionales, concejales e intendentes en varias provincias. Dentro del vasto electorado, se hallan los votantes de los pueblos originarios, uno de los sectores sociales más sensibles que, además, posee características singulares y propias.
Argentina es un país con sangre italiana y española. También coexisten inmigrantes de países vecinos y numerosas comunidades provenientes de todo el mundo. Pero antes de la llegada de cualquiera de estas colectividades, esta porción de territorio tenía habitantes originarios. Argentina es, en su vastedad, mestiza.
Según el último censo, llevado a cabo el año pasado, en la Argentina viven algo más de 40 millones de personas y, de acuerdo con la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas realizada entre 2004 y 2005, más de 600 mil se reconocen o son fehacientemente descendientes en primera generación de pueblos originarios, aunque desde las organizaciones indígenas estiman que la población real se halla entre uno y tres millones. Conforme los datos del Indec, existen 30 etnias en la Argentina. Los Mapuches de la Patagonia, los Kollas del Noroeste y los Tobas y Wichís de Chaco y Formosa encarnan más del 50 por ciento del total de personas. Se calcula, sobre datos oficiales, que cerca de 400 mil indígenas se encuentran en edad para votar en el próximo domingo.
Pero para estas poblaciones, el hecho de concurrir a una elección en ocasiones no resulta sencillo. Por ejemplo, en las comunidades más apartadas muchos aborígenes no disponen del documento nacional de identidad. El ministro del interior, Florencio Randazzo, es quien lleva adelante los programas del nuevo DNI y pasaporte y, desde la cartera que maneja, asegura que “se incorporará a todos los miembros de pueblos originarios, sin límites de edad, para que accedan al nuevo DNI, que consta de una cédula y libreta para votar”.
Daniel Fernández, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dice que “se está trabajando arduamente sobre la documentación y prueba de ello es que este año se agregó el decreto 278 que establece un trámite especial y gratuito. El INAI es autoridad de aplicación en este campo en conjunto con el Ministerio del Interior.” Dicho decreto contempla, además, la situación peculiar de los pueblos originarios, ya que en muchos casos las personas no pueden acreditar su identidad porque carecen de certificados de nacimiento. Busca garantizar el derecho fundamental a la identidad e identificación de las personas.
Fernández explica que el INAI “es un organismo estatal con sus raíces en la década del 80 dedicado a la atención de la problemática indígena, que tiene como uno de sus temas centrales, la cuestión de las tierras”. Agrega que se encargan de registrar e inscribir a las poblaciones de áreas rurales y que en la actualidad existen más de 1100 comunidades.
Referente a la documentación, existen turbios antecedentes: en junio de 2009 varias comunidades Wichí de Formosa denunciaron que el intendente Cristino Vidal Mendoza, quien respondía al actual gobernador que buscará su cuarto mandato consecutivo el domingo, Gildo Insfrán, los encerraban, les quitaban el documento y luego se los devolvían con el sello del voto emitido.
No solo el DNI resulta ser una dificultad. Existen también barreras idiomáticas en ciertos núcleos de habitantes nativos. Según investigaciones del Conicet, en lo que hoy es Argentina, antes de la llegada de los conquistadores se hablaban unas 35 lenguas, de las que quedaron solo 13. “En general la población originaria habla dos lenguas: la suya y el castellano. Hay grupos en el Chaco Salteño y en el Impenetrable donde hay una conservación del idioma original muy fuerte y dificultades para relacionarse a través del español”, expresa Fernández. Los núcleos más duros y con mayores barreras de lenguaje, dice, se encuentran especialmente entre las comunidades Wichí, resultando casi imposible la llegada de información.
Fernández destaca el rol de importancia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las tareas de la Comisión Nacional de Comunicaciones: “se está trabajando en la llegada de la televisión a lugares muy alejados. Inclusive, en una labor conjunta con la Comisión se proveen equipos de onda corta y de televisión satelital”.
El decreto 445/2011, anunciado en boletín oficial en abril de este año, establece que los medios audiovisuales deben ceder el 10 por ciento de 12 horas de programación para la divulgación de anuncios electorales en períodos de campaña. Ese tiempo no se considera como publicidad y debe ser distribuido, entre todas las fuerzas políticas que participen en la elección. “Esta ley es importantísima para la difusión de los candidatos en las comunidades. Incrementó el nivel de conocimiento y de información dentro de los pueblos”, dice Fernández.
Lo cierto es que, la situación de los habitantes autóctonos requiere de campañas políticas específicas porque su entorno es singular. Un ejemplo fue la difusión en los medios de las provincias donde moran comunidades indígenas que tuvo el Censo Nacional llevado acabo en 2010, cuando se realizaron anuncios bilingües en quechua, huarpe y castellano. “En general, las campañas son las mismas aunque, en algunos casos, se adecuan y se utilizan mensajes escritos en la lengua correspondiente a las diversas etnias. Otra modalidad común son los afiches y volantes en su idioma y la propaganda en los caminos rurales y radios comunitarias”, añade el presidente del INAI.
Otro escollo que enfrentan es la geografía, ya que muchos poblados se hallan en zonas inaccesibles y faltos de movilidad. “El mayor obstáculo era el transporte. Tenían dificultad con los caminos de acceso y no podían llegar a votar. Usaban y usan tracción a sangre aunque, cada vez más, utilizan motos. Estamos trabajando para ganar en comunicación terrestre”, explica el mandatario del INAI.
Por otra parte, dentro de los pueblos se vienen desarrollando también procesos democráticos. El caso más representativo es el de los Qom de Formosa, conocidos por sus acampes en la avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de la devolución de tierras que les pertenecían. “En la comunidad Qom La Primavera existía un problema de representación y hubo que dirimir entre dos candidatos. Ellos se organizaron, erigieron un padrón, imprimieron boletas y votaron, dando por ganador a Félix Díaz, mientras que el Estado brindó garantías y les reconoció la personería jurídica. Pero no hay que confundir: ellos eligen a sus jefes pero luego votan en las elecciones generales como cualquier argentino”, relata Fernández.
Asimismo, el presidente del INAI asegura que la participación en las urnas ha aumentado considerablemente, hecho de suma importancia puesto que se trata de “la restitución de derechos a los excluidos Pueblos Originarios”.
Tras siglos de desidia, de marginación y de ensañamiento indolente con quienes habitaban estas tierras, poco a poco emerge la visibilización de aquellos que estuvieron al borde del total exterminio. La constitución del 94 los reconoció por primera vez como población preexistente a la llegada de los conquistadores y los pueblos originarios, tenaces, demuestran su voluntad de participación en los comicios nacionales y en ser partes constituyentes de la democracia y de la identidad plural, mestiza y nacional Argentina.
Desde la radiofonía comunitaria
“¡Que se vayan todos!”: La bronca cumple 10 años
Por Andrés Krom
Un nuevo aniversario del lema que marcó a fuego las movilizaciones de 2001 invita a reflexionar sobre las implicancias que tuvo en la vida institucional argentina.
Las plazas no eran lugares de esparcimiento, las cacerolas no servían para cocinar y la moneda nacional a duras penas cumplía su cometido. En ese escenario, diez años atrás, se gestó la mayor crisis que conoció la Argentina y la consigna que cristalizó el hartazgo de grandes sectores de la sociedad, “¡Que se vayan todos!”.
La premisa parecía exagerada, pero tenía una lógica propia difícil de refutar. Durante los años más rancios del neoliberalismo nacional, las barreras éticas entre la política, la justicia y la economía se habían disipado. ¿Cómo podía el statu quo sacar al pueblo del pozo que había cavado?
Ante las demandas masivas, el poder legislativo pugnaba por el rumbo a seguir. Durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde, Cristina Fernández de Kirchner, la entonces senadora de la Provincia de Santa Cruz, presentó un proyecto de ley que proponía caducar todos los mandatos electivos y convocar a nuevos comicios. La iniciativa cosechó varias adhesiones en ambas cámaras pero no prosperó a nivel parlamentario.
Aunque aún quedan escépticos que sostienen que, al final, “no se fue nadie”, un análisis somero revela que los reclamos populares de oxigenación en los diversos poderes del Estado no fueron del todo infructuosos. Existe una larguísima lista de ex funcionarios que han desistido de cualquier aspiración a volver a ocupar un cargo público. Por otro lado, el radicalismo se sumió en una grave crisis partidaria que arrastra hasta el presente y se gestó un debate nacional sobre qué rol cumplen –o deberían cumplir- los organismos financieros internacionales en los países en vías de desarrollo.
“El ‘que se vayan todos’ era un concepto síntesis de un espíritu de la época, de la manifestación crítica de una conflictividad que venía acumulando contradicciones desde hacía ya varios años”, sostiene Pablo Lumerman, director de la Fundación Cambio Democrático. “Fue una interpelación al poder. Era claramente un nuevo canto, cargado de rabia y frustración. El enojo era con un sistema que la trascendía y que, hay que aceptarlo, la subordinaba de forma mayúscula”.
Una década más tarde, los indicadores institucionales ofrecen una visión más alentadora. Se calcula que la renovación en el Congreso ha sido casi total. El voto en blanco y el impugnado, que tan solo ocho años atrás cosechaba cientos de miles de adhesiones, ha bajado significativamente en los últimos comicios. Sería desacertado afirmar que el pueblo se ha reconciliado plenamente con las instituciones, pero hay elementos suficientes para pensar que algunas heridas han comenzado a cicatrizarse.
“Uno podría reflexionar si acaso no hubo un regreso o reencuentro con la política y lo social por parte de la ciudadanía”, afirma Lumerman. “Recordemos que, luego de la primavera democrática de los ochenta, se produjo en la Argentina -y en el mundo en general- una devaluación generalizada de la política y el Estado. Fue para la ciudadanía un momento de eclosión general, motivado por esa experiencia traumática inicial de buscar participar en las decisiones que afectan su vida”.
Entrevista a Gabriel Solano: “El frente de izquierda se arma de abajo hacia arriba”
Por Damián Ruggieri
Gabriel Solano fue electo por el Partido Obrero (PO) para encabezar la lista de diputados nacionales del Frente de Izquierda (FI) en la Capital Federal para las próximas elecciones. Desarrolló en el Partido Obrero múltiples tareas políticas, pero su actividad principal fue dirigir, a nivel nacional, la Unión de Juventudes por el Socialismo, que tiene mucho peso en el movimiento estudiantil, y es una de las principales organizaciones juveniles del país.
En los spot de campaña hablan de nacionalizar el petróleo. ¿Hay alguna otra entidad privada que el FI crea que debe correr la misma suerte?
Hay cuestiones fundamentales, como la de los bancos, porque se han convertido en el factor principal de la fuga de capitales en el país. Hay alrededor de 30.000 millones de dólares que se están fugando por año y esto llevará una bancarrota en la Argentina. Ya se vivió en 2001 y culminó con la devaluación. Hay que nacionalizar los bancos e intervenir las sociedades de bolsa, que es por donde se van los capitales a través de negocios en donde se compra en la Argentina y se vende en el extranjero. El comercio exterior es la forma de manejar las cuestiones fundamentales de la economía.
¿Cuál es su propuesta con relación al transporte público y a los subsidios que recibe del estado?
El ferrocarril tiene que ser reconstruido. Todas las empresas privatizadas están semi nacionalizadas porque reciben subsidios del Estado. Cuando se firma un aumento salarial en el transporte, se firma con el gobierno, porque éste pone la plata. Por eso hay una distorsión, el dinero lo pone el Estado y los beneficios económicos se los llevan los empresarios. Lo que plantea el FI es concentrar los puntos fundamentales de la economía: los bancos, el comercio exterior, las empresas estratégicas como la del petróleo y el ferrocarril; y el resto de la economía tiene que ir a una evaluación democrática de los trabajadores.
Según economistas especializados, en 2012 la crisis mundial se va a sentir en la Argentina. ¿Qué propone la izquierda para hacerle frente?
La crisis responde a una organización económica que el hombre puede transformar. El punto es nacionalizar las claves de la economía y de esa manera proteger al país de los capitales financieros internacionales.
¿Cuán opuestas son las ideas del FI a las de Mauricio Macri o a las de Cristina Fernández de Kirchner?
A nivel mundial, Macri, Kirchner, Nicolás Sarkozy -presidente de Francia-, José Luis Rodríguez Zapatero -primer ministro de España-, Ángela Merkel -canciller alemana-, están haciendo lo mismo. Utilizan fondos públicos para salvar a los grandes bancos internacionales cuando hay crisis. En Europa y Estados Unidos está habiendo una intervención estatal descomunal porque los grandes bancos se están yendo a la quiebra. Son gobiernos de derecha. Cuando el capital está en crisis, los estados quieren intervenir para salvarlo, pero no hacen lo mismo con los trabajadores.
¿Cuáles son los objetivos para las elecciones del 23 de octubre?
El FI se arma de abajo hacia arriba, es decir, para que la izquierda pueda crecer primero es necesario conquistar la cámara de diputados, ese es nuestro proyecto. El objetivo inmediato son los cargos parlamentarios.
Locos por votar
Por Valeria Bianciotto“El voto debe ser un derecho para todos, y cada uno debe elegir si quiere o no ejercerlo”, expresa Adrián González (55), paciente del hospital Neuropsiquiátrico José Tiburcio Borda, con una bandera de Argentina colgada en la espalda con el lema Movimiento Evita. Néstor Dignifica.
El próximo domingo se habilitará a sufragar a las personas internadas en instituciones de salud mental por primera vez en una elección presidencial, salvo aquellas declaradas insanas en juicio. La primera campaña piloto se lanzó en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
“Durante muchos años hemos simulado votaciones simbólicas como manera de inclusión y participación con los pacientes. Ahora con la Ley de Salud Mental la posibilidad de votar es real”, sostiene Alfredo Olivera (45), psicólogo, creador y director de LT 22 Radio La Colifata, que transmite desde el Borda hace veinte años.
La implementación surge en el marco de la primera Ley Nacional de Salud Mental-que se encuentra en etapa de reglamentación-y la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, que incluyó la modificación del Código Electoral Nacional.
Fernando (49), ex paciente del Borda, analiza: “Yo voto siempre. El problema es para los declarados insanos.Varias organizaciones están trabajando para que puedan votar. Otro tema es que existen muchos indocumentados”.
Actualmente, quienes estén declarados insanos lo son para todos los actos. Andrea Demasi, responsable de prensa y comunicación de la Dirección Nacional de Salud Mental, resume: “La Ley Nacional de Salud Mental pretende que las personas con padecimiento mental sean declaradas insanas en una restricción mínima. Para ello la ley propone juicios de revisión de insania”. Cita como ejemplo a una persona declarada insana para manejar un camión, pero que “puede ejercer sus derechos como ciudadano y concurrir a las urnas a votar”.
Leonardo (24), paciente del Borda, con un prendedor con la consigna El Borda es de Evita. CTA, explica que se vincula a la política por los diferentes medios de comunicación, radio, televisión, y por el contacto directo con familiares y amigos.
El coordinador del centro de asistencia en salud mental Proyecto Suma, Mariano Flores, argumenta: “La nueva ley permite a la persona ser un sujeto de derecho y no un objeto de asistencia. Derecho a decidir, a brindar consentimiento al tratamiento, derecho a votar, entre tantos más”.
El Inadi, las secretarías de Justicia y de Derechos Humanos, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (CONADIS), son algunas de las entidades oficiales que brindaron apoyo técnico a la campaña y participaron activamente por la aplicación de la nueva ley.
También colaboraron organizaciones sin fines de lucro como: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Proyecto Suma, La Colifata, Asociación de los Derechos de Salud Mental (ADESAM), entre otros.
Hospital Borda (foto extraida de la web Radio La colifata)
jueves, 20 de octubre de 2011
Condenados a votar
Por Mariel SchwarzmanLos presos bonaerenses que aún no tienen condena firme, este domingo tendrán derecho a votar, en simultaneidad con la elección de los representantes nacionales, gobernador, vicegobernador y cargos provinciales. La primera experiencia se llevó a cabo en las elecciones primarias, gracias a una medida cautelar que aprobó la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.
El planteo, que fue presentado por la Asociación Civil Abogados por la Justicia Social (AJUS) y por el defensor penal juvenil del Departamento Judicial de La Plata, Julián Axat Della Croce, intenta declarar la inconstitucionalidad y, por ende, suprimir de manera definitiva, el inciso del artículo 3 de la ley electoral 5109, que le prohíbe el derecho a elegir bancas regionales a los detenidos que cumplen prisión preventiva de la provincia de Buenos Aires.
Según datos otorgados por la Junta Electoral, hay alrededor de 11 millones de electores bonaerenses habilitados en las 8 secciones del conurbano, y aproximadamente 12 mil de ellos son detenidos en calidad de procesados.
A su vez, el diputado kirchnerista por la sección sexta, Iván Budassi, fue el mentor del proyecto de ley presentado en la Legislatura para modificar el sistema electoral de manera absoluta. El plan, además, busca el “derecho a voto de personas sordomudas que no pueden darse a entender por escrito y de mendigos y aislados que estén recluidos en establecimientos públicos”, entre otros.
Por su parte, la concesión brindada a los internos sin condena firme de elegir a autoridades nacionales se da desde el 2002, con la modificación del Código Electoral Nacional, lo que se conoce como el “fallo Emilio Mignone”, en homenaje al activista por los derechos humanos de la última dictadura militar. En éste, se advierte que “al excluir del padrón electoral a los detenidos sin condena, se atenta efectivamente contra la Constitución Nacional y los tratados internacionales de protección de los derechos humanos suscriptos por la República”.
En este sentido, el psicólogo social Hugo Pérez, cuestiona el por qué se priva de los derechos cívicos a los presos, aún a aquellos que tienen sentencia firme. Lo atribuye a “la directriz machista, patriarcal y paternalista del Estado”, cuya “justicia” tiene “el concepto único de castigo y la democracia sólo ligada al voto”. Así observa la falta de educación e información, en este caso política, en las cárceles.
Sin embargo, desde el Servicio Penitenciario Bonaerense, se brindaron cursos de capacitación a directores y maestros de las unidades carcelarias, con el objetivo de “mejorar la organización respecto a las elecciones pasadas”. En ellos, se enseñó el proceder de las mesas electorales y de cada directivo. Claudio Chidimo, docente de la escuela que funciona en la Unidad de Mercedes y autoridad de mesa de dicho penal en las elecciones primarias del 14 de agosto, explica que la modalidad de elección de los internos es a través del sistema de boleta única y que para llevar el control correcto de quiénes están habilitados, se verifican los nombres en el Registro de Electores Privados de Libertad.
Dos reelecciones, dos campañas, un mismo partido
Por Formía Giuliana y Zubiaur Martín
Luego del Pacto de Olivos, dos reelecciones presidenciales caracterizan a la historia electoral argentina, la de Carlos Menem en 1995, y la de Cristina Fernández en 2011. Dos modelos peronistas antagónicos, dos crisis internacionales y dos situaciones económicas apoyadas por la clase baja y gran parte de la clase media.
“Tanto Menem como Cristina se enfrentaron en su proceso de reelección con oposiciones fragmentadas, con candidatos débiles y con estrellas fugaces construidas por los medios. A esto, hay que sumarle que los candidatos apelaban al electorado de clases media y a los sectores populares”, afirma el politólogo Esteban Lo Presti.
El profesor de ciencias políticas de la UBA agrega que ambas campañas minimizaron las crisis de fuera de argentina, no por el desconocimiento de los efectos, sino porque entienden que el electorado no quiere escuchar noticias negativas. Durante el gobierno de Menem, el mundo sufrió una nueva crisis, el efecto tequila. A un año de las elecciones, Argentina tuvo grandes consecuencias. Peligró el plan de convertibilidad, se inició una fuga de capitales extranjeros, lo cual generó una caída en las reservas internacionales.
En toda campaña de reelección - explica el politólogo Hugo Borrajo- existe una pata ideológica, que en el caso de Menem, buscaba en el neoliberalismo un crecimiento a la derecha, y también, un achicamiento en el Estado, mientras que en el de Cristina, se compone por un modelo keynesiano tardío, y un Estado que se ocupa de la redistribución de la riqueza, y la recuperación social.
A su vez, las propagandas electorales tienen una pata material, que podría ser el consumismo exacerbado de los `90 y la ley de convertibilidad, o la Asignación Universal por Hijo y los subsidios estatales de la actualidad.
Por otra parte, Lo Presti asegura que ambas campañas están “atravesadas por dos hechos trágicos”, en referencia a la muerte del hijo del presidente Menem –muy cercana a la fecha de la elección- y la de Néstor Kirchner, “que dispara el sentimiento épico que vemos hoy en día.” Apunta que “de no haber muerto el expresidente hoy no estaríamos hablando de una reelección de Cristina”. Según Guillermo Bertoldi, especialista en comunicación electoral y de gobiernos, es un error suponer que la desaparición de Kirchner “favoreció en demasía las oportunidades electorales del oficialismo, ya que en encuestas nacionales del invierno pasado, se observaba un incremento de su imagen positiva e intención de voto”.
La diferencia más clara - para Bertoldi- entre Cristina y Menem, más allá de las distintas etapas históricas que no permiten comparación, es que actualmente el oficialismo cuenta con un caudal mediático superior, el cual no contaba el expresidente.
“Ni el voto a Menem fue el voto licuadora, ni el de Cristina es el voto LCD, ni mucho menos el voto plan social, en ambos períodos históricos la gente aprobaba los valores e ideas que sostenían y sostienen los gobiernos”, concluye el especialista en comunicación electoral.
Gentileza La Nación
Luego del Pacto de Olivos, dos reelecciones presidenciales caracterizan a la historia electoral argentina, la de Carlos Menem en 1995, y la de Cristina Fernández en 2011. Dos modelos peronistas antagónicos, dos crisis internacionales y dos situaciones económicas apoyadas por la clase baja y gran parte de la clase media.
“Tanto Menem como Cristina se enfrentaron en su proceso de reelección con oposiciones fragmentadas, con candidatos débiles y con estrellas fugaces construidas por los medios. A esto, hay que sumarle que los candidatos apelaban al electorado de clases media y a los sectores populares”, afirma el politólogo Esteban Lo Presti.
El profesor de ciencias políticas de la UBA agrega que ambas campañas minimizaron las crisis de fuera de argentina, no por el desconocimiento de los efectos, sino porque entienden que el electorado no quiere escuchar noticias negativas. Durante el gobierno de Menem, el mundo sufrió una nueva crisis, el efecto tequila. A un año de las elecciones, Argentina tuvo grandes consecuencias. Peligró el plan de convertibilidad, se inició una fuga de capitales extranjeros, lo cual generó una caída en las reservas internacionales.
En toda campaña de reelección - explica el politólogo Hugo Borrajo- existe una pata ideológica, que en el caso de Menem, buscaba en el neoliberalismo un crecimiento a la derecha, y también, un achicamiento en el Estado, mientras que en el de Cristina, se compone por un modelo keynesiano tardío, y un Estado que se ocupa de la redistribución de la riqueza, y la recuperación social.
A su vez, las propagandas electorales tienen una pata material, que podría ser el consumismo exacerbado de los `90 y la ley de convertibilidad, o la Asignación Universal por Hijo y los subsidios estatales de la actualidad.
Por otra parte, Lo Presti asegura que ambas campañas están “atravesadas por dos hechos trágicos”, en referencia a la muerte del hijo del presidente Menem –muy cercana a la fecha de la elección- y la de Néstor Kirchner, “que dispara el sentimiento épico que vemos hoy en día.” Apunta que “de no haber muerto el expresidente hoy no estaríamos hablando de una reelección de Cristina”. Según Guillermo Bertoldi, especialista en comunicación electoral y de gobiernos, es un error suponer que la desaparición de Kirchner “favoreció en demasía las oportunidades electorales del oficialismo, ya que en encuestas nacionales del invierno pasado, se observaba un incremento de su imagen positiva e intención de voto”.
La diferencia más clara - para Bertoldi- entre Cristina y Menem, más allá de las distintas etapas históricas que no permiten comparación, es que actualmente el oficialismo cuenta con un caudal mediático superior, el cual no contaba el expresidente.
“Ni el voto a Menem fue el voto licuadora, ni el de Cristina es el voto LCD, ni mucho menos el voto plan social, en ambos períodos históricos la gente aprobaba los valores e ideas que sostenían y sostienen los gobiernos”, concluye el especialista en comunicación electoral.
Gentileza La Nación
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