Democracia originaria

Por Mariana Rambaldi

Más de 28 millones de personas están habilitadas en los padrones para votar en las elecciones presidenciales argentinas del próximo domingo en las que también se elegirán gobernadores, senadores y diputados nacionales, concejales e intendentes en varias provincias. Dentro del vasto electorado, se hallan los votantes de los pueblos originarios, uno de los sectores sociales más sensibles que, además, posee características singulares y propias.

Argentina es un país con sangre italiana y española. También coexisten inmigrantes de países vecinos y numerosas comunidades provenientes de todo el mundo. Pero antes de la llegada de cualquiera de estas colectividades, esta porción de territorio tenía habitantes originarios. Argentina es, en su vastedad, mestiza.

Según el último censo, llevado a cabo el año pasado, en la Argentina viven algo más de 40 millones de personas y, de acuerdo con la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas realizada entre 2004 y 2005, más de 600 mil se reconocen o son fehacientemente descendientes en primera generación de pueblos originarios, aunque desde las organizaciones indígenas estiman que la población real se halla entre uno y tres millones. Conforme los datos del Indec, existen 30 etnias en la Argentina. Los Mapuches de la Patagonia, los Kollas del Noroeste y los Tobas y Wichís de Chaco y Formosa encarnan más del 50 por ciento del total de personas. Se calcula, sobre datos oficiales, que cerca de 400 mil indígenas se encuentran en edad para votar en el próximo domingo.

Pero para estas poblaciones, el hecho de concurrir a una elección en ocasiones no resulta sencillo. Por ejemplo, en las comunidades más apartadas muchos aborígenes no disponen del documento nacional de identidad. El ministro del interior, Florencio Randazzo, es quien lleva adelante los programas del nuevo DNI y pasaporte y, desde la cartera que maneja, asegura que “se incorporará a todos los miembros de pueblos originarios, sin límites de edad, para que accedan al nuevo DNI, que consta de una cédula y libreta para votar”.

Daniel Fernández, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dice que “se está trabajando arduamente sobre la documentación y prueba de ello es que este año se agregó el decreto 278 que establece un trámite especial y gratuito. El INAI es autoridad de aplicación en este campo en conjunto con el Ministerio del Interior.” Dicho decreto contempla, además, la situación peculiar de los pueblos originarios, ya que en muchos casos las personas no pueden acreditar su identidad porque carecen de certificados de nacimiento. Busca garantizar el derecho fundamental a la identidad e identificación de las personas.

Fernández explica que el INAI “es un organismo estatal con sus raíces en la década del 80 dedicado a la atención de la problemática indígena, que tiene como uno de sus temas centrales, la cuestión de las tierras”. Agrega que se encargan de registrar e inscribir a las poblaciones de áreas rurales y que en la actualidad existen más de 1100 comunidades.

Referente a la documentación, existen turbios antecedentes: en junio de 2009 varias comunidades Wichí de Formosa denunciaron que el intendente Cristino Vidal Mendoza, quien respondía al actual gobernador que buscará su cuarto mandato consecutivo el domingo, Gildo Insfrán, los encerraban, les quitaban el documento y luego se los devolvían con el sello del voto emitido.

No solo el DNI resulta ser una dificultad. Existen también barreras idiomáticas en ciertos núcleos de habitantes nativos. Según investigaciones del Conicet, en lo que hoy es Argentina, antes de la llegada de los conquistadores se hablaban unas 35 lenguas, de las que quedaron solo 13. “En general la población originaria habla dos lenguas: la suya y el castellano. Hay grupos en el Chaco Salteño y en el Impenetrable donde hay una conservación del idioma original muy fuerte y dificultades para relacionarse a través del español”, expresa Fernández. Los núcleos más duros y con mayores barreras de lenguaje, dice, se encuentran especialmente entre las comunidades Wichí, resultando casi imposible la llegada de información.

Fernández destaca el rol de importancia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las tareas de la Comisión Nacional de Comunicaciones: “se está trabajando en la llegada de la televisión a lugares muy alejados. Inclusive, en una labor conjunta con la Comisión se proveen equipos de onda corta y de televisión satelital”.

El decreto 445/2011, anunciado en boletín oficial en abril de este año, establece que los medios audiovisuales deben ceder el 10 por ciento de 12 horas de programación para la divulgación de anuncios electorales en períodos de campaña. Ese tiempo no se considera como publicidad y debe ser distribuido, entre todas las fuerzas políticas que participen en la elección. “Esta ley es importantísima para la difusión de los candidatos en las comunidades. Incrementó el nivel de conocimiento y de información dentro de los pueblos”, dice Fernández.

Lo cierto es que, la situación de los habitantes autóctonos requiere de campañas políticas específicas porque su entorno es singular. Un ejemplo fue la difusión en los medios de las provincias donde moran comunidades indígenas que tuvo el Censo Nacional llevado acabo en 2010, cuando se realizaron anuncios bilingües en quechua, huarpe y castellano. “En general, las campañas son las mismas aunque, en algunos casos, se adecuan y se utilizan mensajes escritos en la lengua correspondiente a las diversas etnias. Otra modalidad común son los afiches y volantes en su idioma y la propaganda en los caminos rurales y radios comunitarias”, añade el presidente del INAI.

Otro escollo que enfrentan es la geografía, ya que muchos poblados se hallan en zonas inaccesibles y faltos de movilidad. “El mayor obstáculo era el transporte. Tenían dificultad con los caminos de acceso y no podían llegar a votar. Usaban y usan tracción a sangre aunque, cada vez más, utilizan motos. Estamos trabajando para ganar en comunicación terrestre”, explica el mandatario del INAI.

Por otra parte, dentro de los pueblos se vienen desarrollando también procesos democráticos. El caso más representativo es el de los Qom de Formosa, conocidos por sus acampes en la avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de la devolución de tierras que les pertenecían. “En la comunidad Qom La Primavera existía un problema de representación y hubo que dirimir entre dos candidatos. Ellos se organizaron, erigieron un padrón, imprimieron boletas y votaron, dando por ganador a Félix Díaz, mientras que el Estado brindó garantías y les reconoció la personería jurídica. Pero no hay que confundir: ellos eligen a sus jefes pero luego votan en las elecciones generales como cualquier argentino”, relata Fernández.

Asimismo, el presidente del INAI asegura que la participación en las urnas ha aumentado considerablemente, hecho de suma importancia puesto que se trata de “la restitución de derechos a los excluidos Pueblos Originarios”.

Tras siglos de desidia, de marginación y de ensañamiento indolente con quienes habitaban estas tierras, poco a poco emerge la visibilización de aquellos que estuvieron al borde del total exterminio. La constitución del 94 los reconoció por primera vez como población preexistente a la llegada de los conquistadores y los pueblos originarios, tenaces, demuestran su voluntad de participación en los comicios nacionales y en ser partes constituyentes de la democracia y de la identidad plural, mestiza y nacional Argentina.

Desde la radiofonía comunitaria