Democracia originaria

Por Mariana Rambaldi

Más de 28 millones de personas están habilitadas en los padrones para votar en las elecciones presidenciales argentinas del próximo domingo en las que también se elegirán gobernadores, senadores y diputados nacionales, concejales e intendentes en varias provincias. Dentro del vasto electorado, se hallan los votantes de los pueblos originarios, uno de los sectores sociales más sensibles que, además, posee características singulares y propias.

Argentina es un país con sangre italiana y española. También coexisten inmigrantes de países vecinos y numerosas comunidades provenientes de todo el mundo. Pero antes de la llegada de cualquiera de estas colectividades, esta porción de territorio tenía habitantes originarios. Argentina es, en su vastedad, mestiza.

Según el último censo, llevado a cabo el año pasado, en la Argentina viven algo más de 40 millones de personas y, de acuerdo con la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas realizada entre 2004 y 2005, más de 600 mil se reconocen o son fehacientemente descendientes en primera generación de pueblos originarios, aunque desde las organizaciones indígenas estiman que la población real se halla entre uno y tres millones. Conforme los datos del Indec, existen 30 etnias en la Argentina. Los Mapuches de la Patagonia, los Kollas del Noroeste y los Tobas y Wichís de Chaco y Formosa encarnan más del 50 por ciento del total de personas. Se calcula, sobre datos oficiales, que cerca de 400 mil indígenas se encuentran en edad para votar en el próximo domingo.

Pero para estas poblaciones, el hecho de concurrir a una elección en ocasiones no resulta sencillo. Por ejemplo, en las comunidades más apartadas muchos aborígenes no disponen del documento nacional de identidad. El ministro del interior, Florencio Randazzo, es quien lleva adelante los programas del nuevo DNI y pasaporte y, desde la cartera que maneja, asegura que “se incorporará a todos los miembros de pueblos originarios, sin límites de edad, para que accedan al nuevo DNI, que consta de una cédula y libreta para votar”.

Daniel Fernández, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dice que “se está trabajando arduamente sobre la documentación y prueba de ello es que este año se agregó el decreto 278 que establece un trámite especial y gratuito. El INAI es autoridad de aplicación en este campo en conjunto con el Ministerio del Interior.” Dicho decreto contempla, además, la situación peculiar de los pueblos originarios, ya que en muchos casos las personas no pueden acreditar su identidad porque carecen de certificados de nacimiento. Busca garantizar el derecho fundamental a la identidad e identificación de las personas.

Fernández explica que el INAI “es un organismo estatal con sus raíces en la década del 80 dedicado a la atención de la problemática indígena, que tiene como uno de sus temas centrales, la cuestión de las tierras”. Agrega que se encargan de registrar e inscribir a las poblaciones de áreas rurales y que en la actualidad existen más de 1100 comunidades.

Referente a la documentación, existen turbios antecedentes: en junio de 2009 varias comunidades Wichí de Formosa denunciaron que el intendente Cristino Vidal Mendoza, quien respondía al actual gobernador que buscará su cuarto mandato consecutivo el domingo, Gildo Insfrán, los encerraban, les quitaban el documento y luego se los devolvían con el sello del voto emitido.

No solo el DNI resulta ser una dificultad. Existen también barreras idiomáticas en ciertos núcleos de habitantes nativos. Según investigaciones del Conicet, en lo que hoy es Argentina, antes de la llegada de los conquistadores se hablaban unas 35 lenguas, de las que quedaron solo 13. “En general la población originaria habla dos lenguas: la suya y el castellano. Hay grupos en el Chaco Salteño y en el Impenetrable donde hay una conservación del idioma original muy fuerte y dificultades para relacionarse a través del español”, expresa Fernández. Los núcleos más duros y con mayores barreras de lenguaje, dice, se encuentran especialmente entre las comunidades Wichí, resultando casi imposible la llegada de información.

Fernández destaca el rol de importancia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las tareas de la Comisión Nacional de Comunicaciones: “se está trabajando en la llegada de la televisión a lugares muy alejados. Inclusive, en una labor conjunta con la Comisión se proveen equipos de onda corta y de televisión satelital”.

El decreto 445/2011, anunciado en boletín oficial en abril de este año, establece que los medios audiovisuales deben ceder el 10 por ciento de 12 horas de programación para la divulgación de anuncios electorales en períodos de campaña. Ese tiempo no se considera como publicidad y debe ser distribuido, entre todas las fuerzas políticas que participen en la elección. “Esta ley es importantísima para la difusión de los candidatos en las comunidades. Incrementó el nivel de conocimiento y de información dentro de los pueblos”, dice Fernández.

Lo cierto es que, la situación de los habitantes autóctonos requiere de campañas políticas específicas porque su entorno es singular. Un ejemplo fue la difusión en los medios de las provincias donde moran comunidades indígenas que tuvo el Censo Nacional llevado acabo en 2010, cuando se realizaron anuncios bilingües en quechua, huarpe y castellano. “En general, las campañas son las mismas aunque, en algunos casos, se adecuan y se utilizan mensajes escritos en la lengua correspondiente a las diversas etnias. Otra modalidad común son los afiches y volantes en su idioma y la propaganda en los caminos rurales y radios comunitarias”, añade el presidente del INAI.

Otro escollo que enfrentan es la geografía, ya que muchos poblados se hallan en zonas inaccesibles y faltos de movilidad. “El mayor obstáculo era el transporte. Tenían dificultad con los caminos de acceso y no podían llegar a votar. Usaban y usan tracción a sangre aunque, cada vez más, utilizan motos. Estamos trabajando para ganar en comunicación terrestre”, explica el mandatario del INAI.

Por otra parte, dentro de los pueblos se vienen desarrollando también procesos democráticos. El caso más representativo es el de los Qom de Formosa, conocidos por sus acampes en la avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de la devolución de tierras que les pertenecían. “En la comunidad Qom La Primavera existía un problema de representación y hubo que dirimir entre dos candidatos. Ellos se organizaron, erigieron un padrón, imprimieron boletas y votaron, dando por ganador a Félix Díaz, mientras que el Estado brindó garantías y les reconoció la personería jurídica. Pero no hay que confundir: ellos eligen a sus jefes pero luego votan en las elecciones generales como cualquier argentino”, relata Fernández.

Asimismo, el presidente del INAI asegura que la participación en las urnas ha aumentado considerablemente, hecho de suma importancia puesto que se trata de “la restitución de derechos a los excluidos Pueblos Originarios”.

Tras siglos de desidia, de marginación y de ensañamiento indolente con quienes habitaban estas tierras, poco a poco emerge la visibilización de aquellos que estuvieron al borde del total exterminio. La constitución del 94 los reconoció por primera vez como población preexistente a la llegada de los conquistadores y los pueblos originarios, tenaces, demuestran su voluntad de participación en los comicios nacionales y en ser partes constituyentes de la democracia y de la identidad plural, mestiza y nacional Argentina.

Desde la radiofonía comunitaria

Locos por votar

Por Valeria Bianciotto

“El voto debe ser un derecho para todos, y cada uno debe elegir si quiere o no ejercerlo”, expresa Adrián González (55), paciente del hospital Neuropsiquiátrico José Tiburcio Borda, con una bandera de Argentina colgada en la espalda con el lema Movimiento Evita. Néstor Dignifica.
El próximo domingo se habilitará a sufragar a las personas internadas en instituciones de salud mental por primera vez en una elección presidencial, salvo aquellas declaradas insanas en juicio. La primera campaña piloto se lanzó en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

“Durante muchos años hemos simulado votaciones simbólicas como manera de inclusión y participación con los pacientes. Ahora con la Ley de Salud Mental la posibilidad de votar es real”, sostiene Alfredo Olivera (45), psicólogo, creador y director de LT 22 Radio La Colifata, que transmite desde el Borda hace veinte años.

La implementación surge en el marco de la primera Ley Nacional de Salud Mental-que se encuentra en etapa de reglamentación-y la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, que incluyó la modificación del Código Electoral Nacional.

Fernando (49), ex paciente del Borda, analiza: “Yo voto siempre. El problema es para los declarados insanos.Varias organizaciones están trabajando para que puedan votar. Otro tema es que existen muchos indocumentados”.

Actualmente, quienes estén declarados insanos lo son para todos los actos. Andrea Demasi, responsable de prensa y comunicación de la Dirección Nacional de Salud Mental, resume: “La Ley Nacional de Salud Mental pretende que las personas con padecimiento mental sean declaradas insanas en una restricción mínima. Para ello la ley propone juicios de revisión de insania”. Cita como ejemplo a una persona declarada insana para manejar un camión, pero que “puede ejercer sus derechos como ciudadano y concurrir a las urnas a votar”.

Leonardo (24), paciente del Borda, con un prendedor con la consigna El Borda es de Evita. CTA, explica que se vincula a la política por los diferentes medios de comunicación, radio, televisión, y por el contacto directo con familiares y amigos.

El coordinador del centro de asistencia en salud mental Proyecto Suma, Mariano Flores, argumenta: “La nueva ley permite a la persona ser un sujeto de derecho y no un objeto de asistencia. Derecho a decidir, a brindar consentimiento al tratamiento, derecho a votar, entre tantos más”.

El Inadi, las secretarías de Justicia y de Derechos Humanos, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (CONADIS), son algunas de las entidades oficiales que brindaron apoyo técnico a la campaña y participaron activamente por la aplicación de la nueva ley.

También colaboraron organizaciones sin fines de lucro como: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Proyecto Suma, La Colifata, Asociación de los Derechos de Salud Mental (ADESAM), entre otros.

Hospital Borda (foto extraida de la web Radio La colifata)

Condenados a votar

Por Mariel Schwarzman

Los presos bonaerenses que aún no tienen condena firme, este domingo tendrán derecho a votar, en simultaneidad con la elección de los representantes nacionales, gobernador, vicegobernador y cargos provinciales. La primera experiencia se llevó a cabo en las elecciones primarias, gracias a una medida cautelar que aprobó la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.

El planteo, que fue presentado por la Asociación Civil Abogados por la Justicia Social (AJUS) y por el defensor penal juvenil del Departamento Judicial de La Plata, Julián Axat Della Croce, intenta declarar la inconstitucionalidad y, por ende, suprimir de manera definitiva, el inciso del artículo 3 de la ley electoral 5109, que le prohíbe el derecho a elegir bancas regionales a los detenidos que cumplen prisión preventiva de la provincia de Buenos Aires.

Según datos otorgados por la Junta Electoral, hay alrededor de 11 millones de electores bonaerenses habilitados en las 8 secciones del conurbano, y aproximadamente 12 mil de ellos son detenidos en calidad de procesados.

A su vez, el diputado kirchnerista por la sección sexta, Iván Budassi, fue el mentor del proyecto de ley presentado en la Legislatura para modificar el sistema electoral de manera absoluta. El plan, además, busca el “derecho a voto de personas sordomudas que no pueden darse a entender por escrito y de mendigos y aislados que estén recluidos en establecimientos públicos”, entre otros.

Por su parte, la concesión brindada a los internos sin condena firme de elegir a autoridades nacionales se da desde el 2002, con la modificación del Código Electoral Nacional, lo que se conoce como el “fallo Emilio Mignone”, en homenaje al activista por los derechos humanos de la última dictadura militar. En éste, se advierte que “al excluir del padrón electoral a los detenidos sin condena, se atenta efectivamente contra la Constitución Nacional y los tratados internacionales de protección de los derechos humanos suscriptos por la República”.

En este sentido, el psicólogo social Hugo Pérez, cuestiona el por qué se priva de los derechos cívicos a los presos, aún a aquellos que tienen sentencia firme. Lo atribuye a “la directriz machista, patriarcal y paternalista del Estado”, cuya “justicia” tiene “el concepto único de castigo y la democracia sólo ligada al voto”. Así observa la falta de educación e información, en este caso política, en las cárceles.

Sin embargo, desde el Servicio Penitenciario Bonaerense, se brindaron cursos de capacitación a directores y maestros de las unidades carcelarias, con el objetivo de “mejorar la organización respecto a las elecciones pasadas”. En ellos, se enseñó el proceder de las mesas electorales y de cada directivo. Claudio Chidimo, docente de la escuela que funciona en la Unidad de Mercedes y autoridad de mesa de dicho penal en las elecciones primarias del 14 de agosto, explica que la modalidad de elección de los internos es a través del sistema de boleta única y que para llevar el control correcto de quiénes están habilitados, se verifican los nombres en el Registro de Electores Privados de Libertad.

El hambre y las ganas de votar

Por Francisco Anselmi y Magalí Botta

En Argentina, el voto es individual, secreto y obligatorio. Sin embargo, las personas mayores de 65 están exentas de esta responsabilidad. ¿Cuáles son las diferentes posturas frente a este dilema? Desde quienes lo hacen como una obligación ante la democracia, pasando por los que utilizan el pretexto de que nada va a cambiar, que todos los políticos son iguales; hasta los que recuerdan los tiempos en que Argentina estaba privada del sufragio universal.

El 11% de la población argentina -4.603.905 específicamente- supera los 65 años y queda exenta de la obligación de votar en las elecciones nacionales del 23 de octubre. Esto no quiere decir que todos tomen la misma postura y es, justamente, frente a esta situación que se plantea una dicotomía entre quienes deciden seguir votando por placer y vocación democrática y los que, por otro lado, prefieren, resignados, destinar el tiempo en el cuarto oscuro en cosas más útiles, haciendo hincapié en que nada puede cambiar, que todo está perdido en el país.

“No me es una obligación ir a votar, es una alegría. Pienso seguir votando mientras pueda y si no puedo caminar, iré en silla de rueda, pero voy a seguir haciéndolo”, dice Elda Volpe de 80 años en referencia a las elecciones presidenciales de octubre.

A diferencia de Elda, muchas personas que superan la edad obligatoria no creen que sea necesario ir a votar, o simplemente, no quieren hacerlo. Estela Maris, jubilada de 70 años, dice que “ya no tengo ganas de ir hasta una escuela, hacer la fila y votar. ¿Para qué? Si en este país las cosas no van a cambiar”

Las posturas son claramente opuestas. La población argentina mayor de 65 años se caracteriza, en su gran mayoría, por no tener intenciones de voto; justifican su accionar diciendo que no creen en los cambios que prometen y las opciones para elegir son nulas o siempre las mismas, esto los desmotiva y provoca el retiro anticipado de la participación activa en la política.

Juana López, dice que a los 75 años, no siente más la obligación ni la necesidad de levantarse para ir a votar, está indignada y piensa que ya cumplió con sus obligaciones. “No quiero hacerme más mala sangre por cosas que no tienen cambio, lamentablemente, no tenés opción, porque no tenés a quien votar. Nadie te representa y es feo sentir eso a mi edad”, agrega.

También existen las personas que son conscientes de la vida en democracia, y recuerdan los tiempos en los que en Argentina no se podía ejercer el sufragio universal. “Nosotros antes teníamos el voto prohibido y muchos jóvenes no saben lo que es eso. Para nosotros poder elegir es una fiesta, no una obligación”, confiesa Elda Persano. Su hermana, Matilde, de 75 años, asiente con la cabeza al recordar los años en los que la dictadura militar irrumpió en el país y no podían elegir a sus representantes.

“Quizá todos debamos tomar conciencia de las cosas, y aquellas personas que no quieren votar más deberían recurrir a la memoria, que a muchos les falta”, dijo Argentina Gonzaléz de 85 años. Por otra parte, Josefa Seriame de 80 años, dice que no se olvida de lo que pasó en la época de la dictadura pero está cansada de seguir luchando por algo que no cambió ni cambiará. “Las personas son lo que uno ve, y lamentablemente, en estos políticos no veo nada que quiera para mis nietos, porque yo ya no pienso en mi, sino en ellos”, agregó.

Si la esperanza de vida en Argentina llega casi a los 80 años y se estima que la población continúe aumentando en los próximos años, ¿Cuántas personas habrá que dejen de participar en las elecciones? Pero, lo que en verdad habría que preguntarse es ¿Cuántas habrá que seguirán diciendo presente?

La elección de no votar

Por Giuliana Formía y Martín Zubiaur

“Los anarquistas permanecen, como siempre, adversarios al parlamentarismo y de la táctica parlamentaria”, escribió Errico Malatesta al medio italiano Messaggero, el 7 de febrero de 1897. Una ideología que rechaza el voto y la democracia representativa que perdura hasta nuestros días.

Jorge, integrante de la Federación Libertaria Argentina (FLA) explica que el anarquismo es un pensamiento que no busca una organización piramidal, sino el consenso, una democracia directa más que representativa.

La FLA es una agrupación anarquista, que lleva setenta y seis años funcionando en Argentina, y entre las principales actividades, se encuentra la revista y editorial Reconstruir, el diario Acción Libertaria, como también su biblioteca.

Este libertario afirma que no les interesa realizar un marketing sobre la decisión de no votar, ya que la consideran una decisión personal.

“Hay mucha inmadurez en la política. Se espera a que el otro resuelva todo. Esto no es lo que combatimos, nosotros buscamos que el individuo tenga una conciencia crítica y reflexiva, que sea libre, con respeto y amor hacia el resto”, agrega.

Esta opinión es compartida por Facundo Malvenido, participante activo de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA). “Un gobierno, sea de la tendencia que sea, no resuelve los problemas que tiene cada uno como individuo. Por eso lo que buscamos no es una votación, sino un consenso. En el primero, no hay debate serio sobre cada posición, no hay acuerdo, sino una imposición. En el consenso, vos escuchas la opinión del otro y se llega a una solución real”, explica.

La FORA nació en 1901 y, a pesar de las persecuciones políticas y militares que sufrieron a lo largo del sigo XX, a partir de los 80 se retomaron las banderas de solidaridad obrera y libertad que caracterizan a este movimiento. Luego de la crisis del 2001, se refunda la Sociedad de Oficios Varios de Capital y en el país. Hoy la Federación sigue existiendo, dando Congresos y charlas, y la publicación del periódico bimestral, Organización obrera.

Facundo, con 22 años, asevera que el voto no motiva a un cambio social. “Elegir un político es algo muy cómodo, pero no soluciona nada, es una gran falacia el pensar que se puede cambiar algo en las urnas”

Por su parte, Carlos Splavsky - poeta asambleario- hace 28 años que mantiene una ideología anarquista. “Me fui dando cuenta que no era un buen sistema, ya que no da canal para el cambio”, asegura. Quien además agrega que a la sociedad le costó muchos años que se decepcionara de la política, y que hoy en día existe una generación nueva que “no quiere creer más en las mentiras”.


Redactores: Formía Giuliana y Zubiaur Martín

Un concejal mapuche

Por Alejandra Cullen y Martín Melo

Carlos Viveros es concejal del Concejo Deliberante de Junín de los Andes, Neuquén. Habla acerca de sus orígenes, su relación con la política y opina sobre los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

¿Cómo empezó a interesarse por la política?
Siempre fui militante. Desde el año 83, con la vuelta de la democracia me empecé a interesar por la política. Fui leyendo libros de Perón y Evita y quedé impresionado con hechos que me parecieron de una enorme valentía. En 1986 me afilié al Partido Justicialista y en 1995 fui electo concejal, puesto que seguiré ejerciendo hasta 2015, porque este año fui reelecto. Con la gestión de Menem quedé muy dolido, porque había una gran dependencia del exterior y así fue que me alejé un poco de la política. En 2003 me enamoré de la vida de Néstor y me emocionó la forma en que Argentina pudo levantarse de la gran crisis en la que había caido, gracias a él y luego a Cristina.

¿Algún familiar suyo participa activamente en política? ¿Cree que otros representantes de pueblos originarios ejercerán en puestos como el gobernador, por ejemplo?
De mi familia soy el único que trabaja en política, pero tengo fé que cada vez habrá más representantes de los pueblos originarios en cargos públicos. Incluso ahora, en varias partes del país hay diputados de distintas comunidades.

¿Cuál es su relación con la comunidad mapuche?
Pertenezco a una comunidad mapuche y mi hermano es el lonco -jefe de grupos de familias-. Él es un firme admirador de Néstor y Cristina, que nos devolvieron la paz y que tocaron el corazón de jóvenes y adultos. Nuestra comunidad tiene un gran apoyo a lo natural y esa convicción me ayudó mucho en la política por la visión de respeto que tenemos hacia la mujer y a la naturaleza. El 24 de junio festejamos el año nuevo mapuche y celebramos la vida porque se inicia un nuevo ciclo. Los loncos han charlado mano a mano con Cristina y Alicia Kirchner, una gran persona. Aquí en el Concejo, cinco de los siete trabajadores somos mapuches.

¿Cómo cree que la gestión de Cristina Fernández ayudó a los pueblos originarios?
Creo que nos ayudó a través de la inclusión de programas nacionales, lo que significó una garantía a la tierra, y eso, es lo más sagrado que tenemos. Además, como dijo Cristina ‘antes íbamos a pedir y ahora vamos a ofrecer’. No hay que tener temor de llevar la convicción del país, que propone una política inclusiva, garantizando derechos y generando inserción de diversos orígenes. Gracias a Néstor y a nuestra presidente las comunidades crecieron y ahora son respetadas.

Las elecciones son sólo argentinas

Por Daniel Emilio Rodriguez Germann

Aunque la constitución pregona la igualdad de derechos y de los seres humanos, en Argentina, más de un millón y medio de inmigrantes no pueden elegir quién será la persona que maneje el futuro del país donde viven. Los extranjeros residentes en el país no tienen derecho voto a nivel nacional y sólo en 4 provincias pueden elegir representantes más allá del intendente de la zona donde se radicaron.

Según los datos arrojados por el último censo, el total de población extranjera en el país es de 1.805.957 de los cuales 1.665.645 estarían en condiciones de votar para presidente si la ley electoral lo permitiese. El mayor grupo de inmigrantes proviene de Paraguay, al que lo siguen Bolivia, Chile, Perú e Italia.

Menos en Formosa y en La Rioja, donde no tienen derecho a voto, en todas las demás provincias los ciudadanos de otros países sufragan sólo por intendencias. En La Pampa también pueden elegir a los Jueces de paz. Y las condiciones necesarias para votar varían de acuerdo a la legislación de cada provincia.

En todas las provincias es requisito necesario la mayoría de edad -18 años-, menos en Jujuy y Santa Cruz que piden 21 años al votante. Los residentes deben haber vivido ininterrumpidamente un lapso de tiempo en el lugar donde emitirán el sufragio, que varía de uno a diez años. Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego exigen saber leer y escribir en español.

Sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán permiten, dentro de sus legislaciones, que el voto de un ciudadano extranjero radicado en el país sobrepase la coyuntura del barrio donde viven. En estos lugares el inmigrante puede elegir legisladores provinciales y gobernadores.

Cuesta entender cómo una persona que trabaja y aporta al sistema nacional, pero nació fuera de la frontera y está ligado a la República Argentina por su presente, no tenga derecho a elegir quién decidirá por el futuro del país donde vive.

La primera vez de los extranjeros

Por Francisco Diez y Alejandro Riggitano

En las Elecciones Generales del 23 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires, participarán más de 300 mil extranjeros. Sin embargo, no podrán elegir presidente ni vice, sólo votarán por Gobernador e intendentes.

“Cuando fui a votar me sentí parte del pueblo, me sentí argentino y me gustó”, dice Santiago Torres, uruguayo de 22 años que llegó al país en 1997. Hoy vive en Gonzalez Catán, Provincia de Buenos Aires, junto a sus padres, y decidió empadronarse antes de las elecciones primarias, para poder votar en las generales del 23 de octubre.

A diferencia de las elecciones legislativas del 28 de junio de 2009, donde votaron solo 25 mil extranjeros por voluntad propia, hoy, en la provincia de Buenos Aires, hay empadronados mas de 300 mil.

Las legislativas de 2009, fue la primera experiencia electoral para Veymar Castro, boliviano de 42 años, que ingresó al país en el año 2006 por la pobreza y las pocas posibilidades que le ofrecía su tierra natal. “Fue por convicción, me sentí en la obligación de participar activamente como ciudadano”, afirma Veymar.

La Ley 14086 - impulsada por el Poder Legislativo en diciembre de 2009- establece que son electores todos los ciudadanos extranjeros que se encuentren inscriptos en el padrón general. Además, aclara que desde su implementación, una vez que los ciudadanos se empadronan, su participación en las elecciones siguientes es de carácter obligatorio, lo que implica una multa a quien no lo cumpla.

En la provincia de Buenos Aires, los extranjeros tienen ahora el derecho y la obligación de elegir gobernador y vice, legisladores provinciales, intendentes municipales, concejales, consejeros escolares y diputados constituyentes.

Según la Constitución Nacional, los extranjeros no pueden votar por presidente y vice, ni diputados y senadores nacionales. “No entiendo por qué los que vivimos en Argentina desde hace tantos años no tenemos la posibilidad de elegir quien nos gobierne”, dice Santiago y agrega: “me siento ciudadano argentino. Me gustaría tener el derecho a elegir quien dirige el país donde vivo”.
Para votar en Buenos Aires, los extranjeros deben cumplir varios requisitos: ser mayores de 18 años, tener más de dos años de residencia en la provincia, tener al día el pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales y saber leer y escribir en idioma nacional.

Alex Rumackzyc, estadounidense de 23 años, reside en Argentina desde 2006 e intentó empadronarse, pero fue rechazado por no saber expresar correctamente el idioma. “Me negaron el derecho a votar por no hablar bien español, pero creo que merezco la oportunidad de elegir quien gobierne la tierra donde vivo”, cuenta Alex en referencia al impedimento.

Luego de la decisión de la Junta Electoral de incluir a los extranjeros en las próximas elecciones, se publicó en el Boletón Oficial la lista de los municipios habilitados. Doce distritos no llegaron al mínimo de 20 personas para la apertura de una mesa y no contarán con esa posibilidad. Entre los distritos bonaerenses, resaltan Carlos Casares, Laprida, Suipacha, Tres Lomas y General Pinto, entre otros.

“Si bien nací en Uruguay, me siento mucho más argentino que algunos que nacieron acá. Pasé mas tiempo en Argentina que en mi país. La posibilidad de votar debería ser para todos igual, los nacidos acá y los que, como yo, eligieron vivir en Argentina”, concluye Santiago.

Las elecciones son sólo argentinas